En 1814 Fernando VII regresa a España, restableciéndose la monarquía y paralelamente se produce el desmantelamiento del régimen constitucional de signo liberal surgido de las Cortes de Cádiz de 1812.
La mayor parte del clero se pone del lado del viejo orden, fomentando la persecución de los liberales y lanzándose a la recuperación de sus prerrogativas perdidas. La Iglesia se posiciona dentro del nuevo esquema de poder para convertirse en la más celosa defensora del absolutismo, y se ganó un enemigo acérrimo: el liberalismo.
Muy pronto, en ambos bandos fue ganando terreno la idea de que la única solución posible para el conflicto radicaba en la eliminación física del adversario. A partir de esta época, las fuerzas conservadoras se alinearon en torno a la Iglesia Católica, mientras que el anticlericalismo se fue transformando definitivamente en uno de los componentes principales del ideario político liberal, que luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y el movimiento obrero.
La instauración de la República en Abril de 1931 despertó las esperanzas de una buena parte de los sectores asalariados, quienes pensaron que había llegado por fin la hora de satisfacer sus demandas.
La coalición formada por republicanos de izquierda y socialistas se hizo con el poder tras la dimisión del republicano de derecha Niceto Alcalá Zamora en octubre de 1931. El nuevo gobierno presidido por el republicano de izquierda Manual Azaña tenía una tarea harto difícil por delante, cumplir con las enormes expectativas generadas por el cambio de régimen, no sólo entre las capas medias de la población, sino también entre los trabajadores. El panorama se tornó muy complicado.
A las contradicciones existentes en el bloque social que sustentaba al nuevo gobierno ( los republicanos de izquierda y los seguidores de Indalecio Prieto en el PSOE, y los pertenecientes al ala más radical acaudillados por Francisco Largo Caballero) se le sumó la acción de las derechas aglutinadas en torno a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), partido estrechamente ligado al clero y que desde un principio se opuso sistemáticamente a todas las iniciativas impulsadas por la coalición gobernante.
La CEDA acataba el régimen republicano y su nueva constitución siempre que éstos no se revelaran contrarios a los intereses de la Iglesia Católica. El parlamento y las demás instituciones republicanas no gozaban de la simpatía ni de la lealtad de los miembros de la CEDA. No es de extrañar entonces que en el seno de la CEDA se desarrollasen tendencias anti-democráticas que llegaban a cuestionar la autoridad del líder y mentor del partido, José María Gil Robles.
La política española hacia mediados de 1934 constituía un escenario cada vez más polarizado. Las políticas aplicadas desde el gobierno, de corte derechista, y que incluían una fuerte represión sobre el movimiento obrero, generaban un clima de creciente enfrentamiento que estallaría finalmente en el mes de octubre, cuando la CEDA el 1 de octubre quita el apoyo parlamentario al gobierno radical, generando una crisis de gobierno que sólo podía resolverse con la entrada de miembros de la CEDA al gobierno, lo que se produciría el 3 de octubre. La izquierda, que venía amenazando con lanzarse a una insurrección armada en el caso de que la CEDA formase parte del gobierno, actúa en consecuencia.
El 4 de octubre, el Comité Revolucionario socialista de Madrid ordena comenzar la insurrección. No eran claros los objetivos políticos que perseguían los dirigentes socialistas con el levantamiento. Probablemente intentaban realizar una demostración de fuerza para obstruir el acceso al poder de la CEDA. O a lo sumo conseguir derribar al gobierno de radicales con apoyo ‘cedista’, para sustituirlo por un gobierno de izquierdas moderado que se mantuviese dentro del marco del orden social burgués.
La CEDA con Gil-Robles a la cabeza había calculado las consecuencias de su entrada en el gobierno, prefiriendo provocar un levantamiento de las izquierdas revolucionarias mientras estuviesen en condiciones suficientemente favorables para inflingirles una derrota.
En 1933, la CEDA, con 115 diputados, se convirtió en el partido más numeroso de la Cámara de diputados. Gil-Robles formó parte del Gobierno Lerroux en 1935, como ministro de la Guerra, colocando en puestos de responsabilidad a militares como Franco, Fanjul o Goded, más tarde protagonistas de la sublevación.
La única región española en la que el levantamiento adoptó proporciones de importancia y resultó una verdadera amenaza fue Asturias. Este hecho se debió, en gran parte, a la radicalización existente entre los trabajadores de esa región. Esta radicalización hizo que en Asturias fuese claro el carácter del movimiento, puesto que los obreros realizaron un intento revolucionario consciente y decidido, orientado a terminar con el sistema capitalista y a sustituirlo por un régimen socialista.
Para ello se contó con una planificación militar emanada de un Comité Provincial Revolucionario que se llevó a cabo con relativo éxito, lográndose controlar un tercio del territorio asturiano durante unos días. El plan de los revolucionarios que preveía un rápido dominio de las cuencas mineras para luego avanzar sobre Oviedo (capital asturiana) se cumple pero con retrasos. La cuenca minera no logra ser controlada con la rapidez esperada, teniendo este hecho como consecuencia un reagrupamiento y reposicionamiento de las fuerzas del gobierno en Oviedo que contaron con tiempo suficiente para prepararse y resistir el asedio de los mineros, cuyo principal armamento era la dinamita, ocupando puntos estratégicos.
Por otro lado, la importancia que se dio a la ‘toma de Oviedo’ (en la que los mineros veían el centro de poder de sus enemigos: la burguesía asturiana, el gobierno y la Iglesia) hizo que se descuidasen posiciones estratégicas como la ciudad portuaria de Gijón,uno de los puntos por los que ingresarían tropas gubernamentales para reprimir el levantamiento.
En los primeros días de la insurrección, que estalla el 5 de octubre en Asturias , los revolucionarios logran controlar la cuenca minera, después de enfrentarse a la guardia civil. En las poblaciones de la cuenca se forman comités obreros compuestos por militantes de las diversas organizaciones que formaban la Alianza Obrera, pero con composición variable.
“Los comités locales controlaban todos los aspectos de la organización social que incumbían a un gobierno. Aparte de las cuestiones militares, se ocupaban del abastecimiento y racionamiento de alimentos, de la sanidad y las cuestiones laborales, de las comunicaciones, la propaganda, el orden público y la justicia. El dinero quedó abolido y se sustituyó por bonos expedidos para cada familia y válida para una cantidad de alimentos determinada, de acuerdo con un censo riguroso.”
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érase una vez Niels H. Abel y Evariste Galois 